La Unión Europea, la FAO y los países de Centroamérica fomentan el desarrollo y el bienestar de las personas para reducir la migración forzosa e irregular

La FAO enfatiza la necesidad de trabajar para mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales

Panamá. De las personas emigrantes provenientes de Mesoamérica, alrededor de 12 millones son originarias de México y casi 4 millones de Guatemala, Honduras y El Salvador. La mayoría tiene como destino Estados Unidos y, en muchos casos, migran de manera irregular. Este movimiento de personas se da a través de México, conformando uno de los principales corredores migratorios del mundo. 

La migración es parte de las estrategias de vida de los hogares y puede ser una opción que contribuye a promover el desarrollo y el bienestar de las personas. Sin embargo, en Centroamérica las condiciones de pobreza, la violencia, la vulnerabilidad ante las amenazas climáticas, el limitado acceso a servicios y la falta de oportunidades se constituyen, muchas veces, como los principales factores que motivan las personas a migrar. Así lo recordó la FAO en el marco del Día Internacional del Migrante, que se conmemora cada 18 de diciembre. 

En relación con esto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha señalado anteriormente que estas vulnerabilidades afectan de manera particular a grupos poblacionales como mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con orientaciones sexuales diversas (LGBTI),  población indígena y afrodescendiente, provocando que estos procesos migratorios profundicen las desigualdades de género, la violencia psicológica, física y sexual, así como la estigmatización y discriminación estructural que enfrentan estos grupos.   

En este contexto, la Unión Europea y la FAO han decidido contribuir al Plan de Desarrollo Integral (PDI) de Naciones Unidas. El propósito de esta iniciativa es crear un espacio de desarrollo sostenible y generar oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población de El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur-sureste de México, y así permitir que la migración sea una opción y no una obligación.  

Como parte de esta contribución, la Unión Europea ha decido financiar el proyecto Apoyo al Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica en el marco de la respuesta global de la Unión Europea al COVID-19. Esta iniciativa, que tiene una duración de tres años, está siendo implementada por la FAO en colaboración y coordinación con los Gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador. 

El Proyecto tiene como objetivo mitigar el impacto de la crisis del COVID-19 mediante la mejora de la resiliencia a largo plazo y la reducción de los flujos migratorios forzosos y/o irregulares entre la población participante de los tres países.  

Esto se logrará mediante el incremento del empleo y la consolidación de los medios de vida de 5,400 hogares, organizados en 600 grupos, ubicados en los 45 municipios de los seis departamentos de intervención del proyecto. 

“El proyecto fortalecerá aquellas actividades agrícolas y no agrícolas con potencial para convertirse en negocios generadores de empleo e ingresos, con un enfoque dirigido a reforzar y asegurar la participación activa de mujeres, personas jóvenes y población indígena”, explicó el Coordinador subregional de la FAO para Mesoamérica, Adoniram Sanches Peraci. 

Para esto, los hogares y grupos participantes accederán a capacitación, asistencia técnica e insumos para desarrollar o fortalecer este tipo de emprendimientos. Se seleccionarán iniciativas que prioricen la adopción de innovaciones tecnológicas sencillas, de bajo costo y que permitan mejorar la productividad, diversificación y transformación de la producción agropecuaria, así como aquellas que permitan impulsar o consolidar el funcionamiento de servicios no agrícolas con demanda local. 

Con esta intervención, las instancias socias buscan contribuir a generar más oportunidades en estos territorios altamente vulnerables ante las amenazas naturales como la sequía, que obliga a las personas dedicadas a la agricultura, o cuyos ingresos se centran en la producción agrícola, a entrar en una dinámica donde la migración deja de ser una opción y se convierte en una necesidad para mejorar sus condiciones de vida. 

“La Agenda 2030 hace un llamado a facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras y regulares; para esto, se necesitan políticas y programas que promuevan dinámicas de inclusión productiva y social en los territorios, con la participación protagónica de los actores locales y la vinculación tanto del sector público como del privado”, añadió Sanches Peraci. 

En el marco del Día Internacional del Migrante, la Unión Europea reitera su firme compromiso de proteger la dignidad y los derechos humanos de las personas migrantes. Los migrantes aportan valor a las economías y sociedades. Por ello, la UE apoya la construcción de una narrativa positiva en torno a la migración, resaltando las contribuciones de las personas migrantes a las comunidades de acogida. 

Panorama general de las migraciones en Centroamérica 

Según el Programa Mundial de Alimentos y otras organizaciones, entre 2017-2021 ha habido cambios en los patrones de desplazamiento. En cuatro de los últimos cinco años fiscales, el número de las personas migrantes provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras excedió el número de personas migrantes mexicanas aprehendidas y expulsadas (conocidos como encuentros) por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en la frontera entre Estados Unidos y México. 

Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señala que la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto relevante sobre los flujos migratorios en la región, debido a las restricciones de viajes en respuesta a la crisis sanitaria. Esta tendencia, sin embargo, se invirtió en los primeros seis meses del año 2021, donde los registros de encuentros se ubicaron un ocho por ciento por encima del total de 2019. 

La FAO enfatiza la necesidad de trabajar para mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales, ya que la migración interna es la antesala de los desplazamientos internacionales. Aunque los movimientos migratorios de mayor volumen en América Latina se presenten en los centros urbanos, en las últimas décadas la migración de las personas de las zonas rurales ha traído como consecuencia el despoblamiento, siendo principalmente las ciudades las receptoras de dicha población.