Chile. Presentan un nuevo informe especial conjunto titulado Hacia una seguridad alimentaria y nutricional sostenible en América Latina y el Caribe en respuesta a la crisis alimentaria mundial, en el cual llaman a fortalecer la producción agrícola y los sistemas de protección social y extender su alcance en el área rural para responder al triple desafío de combatir la inseguridad alimentaria y el aumento de la pobreza extrema, y apoyar la producción de alimentos en la región.

El documento fue dado a conocer en Santiago de Chile en una conferencia de prensa encabezada por José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL; Mario Lubetkin, Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe; y Lola Castro, Directora Regional del WFP para América Latina y el Caribe.

Según el informe, el contexto internacional de crisis sucesivas y la guerra en Ucrania comprometen el acceso de América Latina y el Caribe a los alimentos y a insumos claves para la agricultura regional. Los impactos de la guerra en Ucrania sobre los sectores productivos deben entenderse en el contexto de las diversas crisis que han afectado la economía mundial en los últimos 15 años: la crisis financiera de 2008, las tensiones comerciales entre los Estados Unidos y China y, desde 2020, la pandemia de COVID-19. Esas crisis se tradujeron en rupturas en diversas cadenas productivas primarias y manufactureras, sea por un incremento de las barreras comerciales o por disrupciones en el sistema de producción y transporte global de bienes, explica el reporte.

Agrega que el conflicto bélico en Ucrania ha afectado directamente el comercio internacional de petróleo crudo, gas natural, cereales, fertilizantes y metales. De esta forma, los precios más altos de la energía y los alimentos son parte de los factores que han llevado a una revisión del crecimiento global a la baja en 2022. Se prevé que la economía mundial crezca 3,1% en 2022, 1,3 puntos porcentuales menos que lo pronosticado antes del estallido de la guerra, mientras que la región de América Latina y el Caribe se expandirá 3,2% este año, pero se desacelerará notoriamente hasta 1,4% en 2023, según las últimas proyecciones de la CEPAL, debido precisamente al contexto internacional desfavorable.

La extensión de la crisis actual, en la que convergen diversas amenazas de carácter productivo, comercial, climático y geopolítico, no solo hace peligrar la seguridad alimentaria, sino que también podría conducir a la región y al mundo a grandes retrocesos en materia de pobreza, desigualdad, acción climática y desarrollo sostenible, advierte el informe.

“A pesar de contar con un importante superávit comercial agropecuario, América Latina y el Caribe está expuesta a los problemas de producción y comercialización y a las alzas de precios derivados de la guerra en Ucrania. Las alzas de los precios internacionales de los alimentos e insumos afectan tanto a los países exportadores como a los importadores netos de alimentos. Además, la región importa más de 80% de los fertilizantes utilizados en la agricultura. Una reducción en los rendimientos y las cosechas de productos claves para la seguridad alimentaria debido a una menor fertilización se sumaría a los efectos dañinos de la inflación de alimentos sobre la población más vulnerable”, señaló José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL. 

Según destaca el informe de la CEPAL, FAO y WFP, la inflación de alimentos aumenta el riesgo de problemas de acceso a una dieta saludable, inseguridad alimentaria y hambre pues afecta más a los hogares de menores ingresos. En la región, la inflación que golpea a los sectores más pobres (primer quintil de la distribución del ingreso) es 1,4 puntos porcentuales más alta que la correspondiente a los sectores más ricos (quinto quintil).

En el primer quintil los alimentos corresponden a más de dos tercios de la inflación general y en el quinto quintil, a menos de la mitad. Los precios de los alimentos han aumentado más que la inflación general en la región desde fines de 2018 y se han acelerado a partir de mayo de 2020. El índice de precios de los alimentos a nivel regional a 12 meses alcanzó un 11,7% en septiembre de 2022, frente a un 7,1% en el caso de la inflación general. Según la FAO, el índice de precios de los alimentos, medido en términos reales, alcanzó su máximo nivel histórico, de 156,3 puntos, en marzo de 2022.

Mario Lubetkin, Subdirector General y Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, señaló que “el hambre aumentó en la región en un 30% entre 2019 y 2021. La alta dependencia de la importación de fertilizantes y la variación de los precios de los alimentos tiene un impacto negativo e inevitable en los medios de vida, principalmente de la población rural, y en el acceso a una dieta saludable.” Lubetkin añadió que, “si bien el índice de precios de los alimentos de la FAO bajó en los últimos 7 meses, su nivel aún se mantiene 14% más alto en comparación al 2021. El fortalecimiento de los sistemas de protección social en las zonas rurales, particularmente orientados a agricultores familiares; y eliminar las restricciones al comercio internacional de alimentos y fertilizantes serán medidas clave en el proceso de respuesta a la actual crisis”.

Asimismo, el estudio indica que reforzar el papel activo que los sistemas de protección social, incluyendo a los programas nacionales de alimentación escolar, desempeñaron durante la fase más crítica de la pandemia es una necesidad para evitar que los segmentos más vulnerables de la población, como niños y ancianos, se vean irreversiblemente afectados por el alza de precios de los alimentos.

“En un escenario regional donde la pobreza multidimensional está cada vez más vinculada a la inseguridad alimentaria y nutricional y donde diferentes crisis se están sumando a inequidades estructurales profundas, los sistemas de protección social, incluyendo a la alimentación escolar, juegan un papel fundamental en mitigar la vulnerabilidad de las personas antes, durante y después de las crisis. Como Programa Mundial de Alimentos estamos acompañando a los gobiernos nacionales para identificar y responder a estas necesidades incrementales, a través del uso y expansión de la protección social de manera sostenible, además de un continuo fortalecimiento de la preparación de los sistemas, para no dejar a nadie atrás”, indicó Lola Castro, Directora Regional del WFP para América Latina y el Caribe.

Garantizar también el acceso de los pequeños productores a los fertilizantes y biofertilizantes es una medida necesaria y válida si se focaliza en los productores que más lo necesitan y se condiciona a la mejora de la eficiencia en el uso de estos insumos y de la sostenibilidad de la actividad agropecuaria. El financiamiento de esas iniciativas debe incluir no solo los presupuestos públicos, sino también a los bancos de desarrollo, la banca privada (con la creación de mecanismos de garantía) y otras alternativas de financiamiento internacional como los bonos verdes y sociales, agrega el documento.

Finalmente, el informe enfatiza que la complejidad y la magnitud de las políticas que se requieren para conciliar las respuestas de emergencia con la reducción de problemas estructurales y fiscales demandan la coordinación en diversas áreas —macroeconómica, social y productiva— y la articulación de las respuestas a nivel regional.